Cuando el sistema crea enemigos, debilita derechos
Don Sebastián Escobar Vega es una persona adulta mayor de casi 90 años, originario de Jutiapa, padre de cinco hijos y con una trayectoria de vida vinculada al comercio. En la actualidad, su estado de salud se encuentra profundamente deteriorado: cuenta con diagnóstico de demencia senil emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, además de múltiples enfermedades degenerativas que afectan su movilidad, su autonomía y su funcionalidad general.
En el año 2023, debido al agravamiento de su condición, requirió apoyo para las tareas básicas de su hogar. En ese contexto, la persona que colaboraba en labores domésticas manifestó haber sufrido una lesión que le impedía continuar trabajando y solicitó que su hija de 14 años pudiera sustituirla temporalmente para no perder su ingreso. Don Sebastián accedió en un contexto de necesidad evidente de la familia.
Meses después, fue informado de que estaba siendo investigado por un delito de naturaleza sexual en agravio de la menor. Desde las primeras actuaciones, el proceso evidenció inconsistencias relevantes, incluyendo variaciones en la calificación jurídica sin sustento probatorio suficiente, lo que generó un escenario de incertidumbre procesal.
A partir de ese momento, don Sebastián —una persona en situación de alta vulnerabilidad por su edad y condición de salud— ingresó a un sistema de justicia que no logró adecuar su actuación a sus condiciones particulares.
Derecho penal del enemigo: una reflexión desde el caso
El concepto de “derecho penal del enemigo” permite analizar aquellos contextos en los que el sistema de justicia, en lugar de tratar a las personas como sujetos de derechos, las percibe como riesgos a neutralizar. Esto puede traducirse en decisiones que priorizan la idea de peligrosidad sobre la verificación objetiva de los hechos y las garantías procesales.
En el caso de don Sebastián, se observa cómo, a pesar de la evidencia médica y científica que cuestionaba la posibilidad material de los hechos imputados, el proceso avanzó bajo una lógica orientada a gestionar un supuesto riesgo. Este enfoque desplaza el análisis probatorio hacia una percepción de amenaza, debilitando principios fundamentales como la presunción de inocencia, la objetividad del Ministerio Público y el estándar de prueba.
Más que una afirmación categórica, este caso invita a reflexionar sobre cómo ciertos perfiles —personas mayores, en situación de dependencia o con condiciones de salud complejas— pueden ser interpretados desde categorías de riesgo, en lugar de ser comprendidos desde su realidad integral.

Discapacidad y acceso a la justicia
El caso también plantea desafíos importantes desde el enfoque de discapacidad. Don Sebastián presenta condiciones que afectan su capacidad cognitiva, física y funcional, lo que exige que cualquier actuación del sistema de justicia incorpore ajustes razonables y salvaguardas adecuadas.
El enfoque contemporáneo de discapacidad, basado en derechos humanos, reconoce que las personas no deben ser anuladas jurídicamente por sus condiciones, sino acompañadas mediante mecanismos que respeten su dignidad, autonomía y voluntad. Esto implica evitar tanto la invisibilización de sus necesidades como la sustitución absoluta de su voz.
En este caso, se evidencian tensiones en la forma en que se abordó su capacidad jurídica: por un lado, se le procesó como plenamente capaz durante etapas clave; por otro, se utilizó su condición para justificar medidas restrictivas sin un análisis integral de proporcionalidad y necesidad. Esta dualidad refleja la importancia de aplicar de manera coherente los estándares de discapacidad, evitando que se conviertan en herramientas que profundicen la exclusión.