La narrativa
Los hechos
“Lo que ocurrió no fue atención médica, fue tortura.”
MEAV es una mujer guatemalteca de 23 años cuya historia inicia en un contexto de urgencia médica, pero rápidamente se transforma en un proceso penal atravesado por violencia institucional.
En julio de 2024, sufrió una emergencia gineco-obstétrica mientras se encontraba en su trabajo, lo que requirió su traslado inmediato a un hospital del sistema de seguridad social. Desde su ingreso, se encontraba en una situación de vulnerabilidad extrema, marcada por dolor, riesgo físico y dependencia total del personal médico.
Sin embargo, en lugar de recibir atención médica oportuna y digna, su ingreso al sistema de salud marcó el inicio de una cadena de intervenciones que vulneraron sus derechos fundamentales.
Su condición de paciente fue desplazada por una presunción de culpabilidad. El personal médico denunció el caso bajo la sospecha de aborto provocado, sin contar con elementos probatorios suficientes, activando la intervención de fuerzas policiales dentro del espacio hospitalario.
A partir de ese momento, MEAV dejó de ser atendida como paciente y pasó a ser tratada como sospechosa.
Violencia obstétrica, tortura y criminalización: una lectura desde el caso
El caso permite evidenciar cómo ciertas prácticas institucionales, especialmente en contextos de salud reproductiva, pueden constituir formas de violencia grave, incluyendo tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Durante su estancia en el hospital, MEAV fue sometida a acciones coercitivas mientras se encontraba en condiciones de debilidad física y emocional: interrogatorios reiterados, falta de privacidad, ausencia de información sobre sus derechos, presión para autoinculparse y realización de procedimientos médicos sin su consentimiento informado.
Estas actuaciones no solo vulneran garantías procesales básicas, sino que, en determinados contextos, pueden ser calificadas como tortura, particularmente cuando se realizan con el objetivo de obtener confesiones o información.
En este caso, la atención médica fue subordinada a una lógica de investigación penal, y el cuerpo de MEAV fue utilizado como fuente de prueba en su contra. La finalidad implícita de estas actuaciones —obtener información e incriminar— desnaturalizó el acto médico y transformó el espacio hospitalario en un entorno de control y coerción.
El caso refleja una convergencia crítica: la criminalización del aborto, la violencia obstétrica y el uso abusivo del poder policial dentro de espacios de atención médica.
Derechos sexuales y reproductivos y acceso a la justicia
El caso de MEAV plantea tensiones estructurales en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos.
El enfoque de derechos humanos exige que las emergencias obstétricas sean atendidas desde una lógica de salud, no de persecución penal, que las mujeres no sean criminalizadas por eventos vinculados a su salud reproductiva y que se garantice el acceso a servicios médicos dignos, oportunos y respetuosos.
En este caso, ocurrió lo contrario: se retrasó la atención médica por más de diez horas, se priorizó la investigación penal sobre la salud de la paciente y se utilizaron procedimientos médicos y periciales con fines incriminatorios.
Estas actuaciones no solo afectaron su derecho a la salud, sino también su derecho a la integridad personal y sus garantías judiciales, en un contexto que refuerza la caracterización de los hechos como actos de tortura o malos tratos.
Acciones realizadas
Nuestra respuesta: articulación internacional y acompañamiento estratégico
El caso ha sido acompañado por IUS DIGNITAS en articulación con la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), incorporando un enfoque integral que combina litigio estratégico e incidencia internacional.
La intervención ha implicado acompañamiento jurídico y defensa en el proceso penal, denuncia de actos de tortura y tratos crueles ante instancias competentes, activación de mecanismos internacionales de protección y visibilización del caso como ejemplo de criminalización de emergencias obstétricas.
Este enfoque reconoce que la respuesta no puede limitarse al ámbito nacional, dado el carácter estructural de las violaciones denunciadas.
Resultados
Resultados y estado actual: entre la persecución penal y la exigencia de justicia
El caso se encuentra actualmente en fase de investigación penal, con una orden de captura emitida contra MEAV por delitos relacionados con aborto.
Paralelamente, se ha iniciado una investigación por tortura y malos tratos contra los agentes policiales involucrados, se han documentado amenazas en contra de MEAV y su entorno, y se ha evidenciado la falta de medidas de protección adecuadas.
Asimismo, la fiscal inicialmente encargada del caso decidió apartarse debido a presiones e intimidaciones, y el proceso continúa sin garantías plenas de independencia y objetividad.
El caso refleja una tensión abierta entre la continuidad de la persecución penal y la exigencia de investigar las violaciones a derechos humanos cometidas en su contra.
Un caso paradigmático para transformar prácticas
El caso de MEAV no es aislado. Representa una práctica estructural que requiere transformación.
Permite visibilizar la criminalización de emergencias obstétricas, la utilización del sistema penal en contextos de salud reproductiva, la normalización de la violencia obstétrica y la falta de garantías frente a actos de tortura en contextos institucionales.
Asimismo, abre la discusión sobre la necesidad de reformar marcos normativos restrictivos en materia de aborto, garantizar atención médica basada en derechos y fortalecer mecanismos de investigación independiente frente a abusos estatales.
Nuestro compromiso
Acompañar este caso es también una forma de incidir en cómo se construye la relación entre salud, justicia y derechos humanos.
Implica exigir que ninguna mujer sea tratada como sospechosa por atravesar una emergencia médica, y que los sistemas de salud y justicia actúen con respeto a la dignidad, la autonomía y la integridad de las personas.
Porque cuando la atención se convierte en interrogatorio, el sistema deja de proteger y comienza a violentar.
Y en el caso de MEAV, lo que ocurrió no fue atención médica, fue tortura.